Los politicos que intentaron el golpe de estado en Cataluña llevan un año en prisión

Después de un referéndum no oficial en octubre de 2017, los partidos políticos independentistas del Parlamento catalán declararon unilateralmente su independencia de España. En respuesta, el gobierno español invocó el artículo 155 de la Constitución española, que suspendía efectivamente la autonomía de la región.

Más de un año después de estos acontecimientos, el líder catalán destituido, Carles Puigdemont, sigue exiliado en Bélgica. Otros seis líderes independentistas siguen en el exilio, entre ellos Clara Ponsati, ex ministra de Educación de la Generalitat de Cataluña, que ha vuelto a trabajar como profesora de economía en la Universidad de St Andrews, en Escocia. Aunque no está acusada formalmente, como los otros líderes exiliados, si regresara a España probablemente sería arrestada por cargos de rebelión y malversación de fondos públicos. Ha criticado a los líderes europeos por su silencio sobre la cuestión catalana y ha afirmado que los presos políticos catalanes están siendo utilizados como peones para desactivar el movimiento independentista.

Dos activistas y siete políticos siguen detenidos. Han sido acusados por el fiscal general de España de rebelión y malversación de fondos públicos. Esto ignora una decisión anterior del procurador general de España, quien recientemente rebajó la acusación de rebelión a sedición porque la primera acusación requiere el uso de la violencia. Las pruebas disponibles sugieren que la violencia no fue utilizada por ninguna de las personas encarceladas. Sin embargo, si el fiscal general continúa con su postura de línea dura, los que están en la cárcel podrían enfrentar hasta 25 años tras las rejas. Muchos se sorprenderán al escuchar que el sistema legal español permite que las personas sean retenidas en detención preventiva y preventiva durante tanto tiempo.

El grupo acusado de rebelión incluye a dos activistas de la sociedad civil, Jordi Sánchez, presidente del grupo de campaña Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente del grupo de campaña Omnium Cultural. Ambos se enfrentan a penas de hasta 17 años de cárcel. Ambos están detenidos desde octubre de 2017 en relación con las protestas que tuvieron lugar en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de ese año. El objetivo de las protestas era obstaculizar las redadas policiales para confiscar material relacionado con el referéndum de los edificios del gobierno catalán.

Sin embargo, el director de Amnistía Internacional en Europa, Gauri Van Gulik, ha señalado que “aunque llamar a las protestas para obstruir las operaciones policiales legítimas puede -si se presentan pruebas de su comisión- constituir un delito de orden público, no constituye un delito grave como la sedición o la rebelión”. Amnistía ha pedido la liberación inmediata de los “dos Jordis”, como se les conoce en toda Cataluña.

Amnistía evita utilizar el término “preso político”, ya que no existe una definición aceptada en el derecho internacional. Sin embargo, más de 1.000 juristas han firmado un manifiesto argumentando que los líderes catalanes en prisión son efectivamente eso. Afirman que no se ha dado tiempo a los acusados para que preparen su defensa, lo que constituye una farsa del proceso judicial. Del mismo modo, el 53,4% de los catalanes considera que los encarcelados son presos políticos. Y el 60% considera que los procedimientos judiciales contra ellos son injustificados. Cabe destacar que este porcentaje es superior al número estimado de catalanes que apoyan la independencia.

Carles Puigdemont sigue exiliado en Bélgica. AAE
Otros, relacionados con las Comisiones de Defensa de la República -grupos que hacen campaña para que se mantenga el resultado del referéndum no oficial-, fueron acusados de delitos de alteración del orden público tras una protesta en Barcelona el 23 de febrero de 2018. Podrían enfrentarse a dos años y medio de prisión.

En su resistencia a las autoridades españolas, los catalanes se basan en una larga tradición. Los presos políticos de hoy, etiquetados con precisión o no, son los últimos de una larga lista que han luchado contra las injusticias percibidas por el Estado español. Entre ellos destaca Lluís Companys, presidente de la generalitat, detenido por declarar la república catalana el 6 de octubre de 1934 y ejecutado por fusilamiento el 15 de octubre de 1940. El paralelismo histórico no se pierde en el pueblo catalán. Tampoco parece que se haya perdido el paralelismo con el portavoz del Partido Popular de derecha, Pablo Casado, que amenazó a Puigdemont, antes de la declaración unilateral de independencia, con la misma suerte que a Companys.

El Tribunal Supremo ha ordenado que 18 antiguos líderes catalanes sean juzgados por su papel en la declaración unilateral de independencia de 2017. Los cargos contra ellos incluyen rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. Es probable que el juicio tenga lugar a principios de 2019.

La cuestión de la independencia catalana no se resolverá con acciones judiciales. La política es necesaria. Pedro Sánchez, el primer ministro socialista, ha adoptado una línea más suave que su predecesor, Mariano Rajoy. Sin embargo, las negociaciones políticas necesarias para resolver la crisis requerirán un gobierno más fuerte que la actual administración socialista minoritaria. También exigirá que los partidos independentistas catalanes presenten un frente más unido que el actual. Y en última instancia, será difícil tener negociaciones significativas mientras haya prisioneros políticos. El abogado de Carla Ponsati en Escocia, Aamer Anwar, ha dicho que “Hablar con España ahora es como sentarse con un gángster que tiene rehenes”. Queda un largo camino por delante.